En portada: Familiares y organizaciones civiles se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, Honduras, en contra de la medida de prisión preventiva de los ocho defensores del río Guapinol. Foto: Cejil

Hace más de 26 meses ocho activistas hondureños: Arnol Alemán, Daniel Márquez, José Abelino Cedillo, Ewer Cedillo, Orbin Hernández, Porfirio Sorto, Kelvin Romero y Jeremías Martínez, quienes se organizaban en la defensa de su territorio contra la industria minera, fueron encarcelados de manera “preventiva”, a conveniencia del dueño de una empresa multimillonaria quien los consideraba un obstáculo para sus negocios extractivistas.

Recientemente, los esfuerzos de las familias de los activistas y organizaciones a nivel internacional, nacional y estatal se habían tornado en una oportunidad para, por fin, liberar a sus seres queridos; no obstante, la respuesta no fue la deseada.

Guapinol por el Agua y la Vida

En 2014, los mecanismos hondureños otorgaron-sin consultar como correspondía a los habitantes de Guapinol- dos concesiones mineras (ASP y ASP I) a Inversiones Los Pinares (ILP), propiedad de Lenir Pérez -miembro por matrimonio de la acaudalada familia Facussé- para explotar el óxido de hierro a cielo abierto en el Área Natural Protegida “Parque Nacional La Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía”, departamento de Colón, región norte de Honduras.

Aspecto de la contaminación por la operación de la mina en el parque nacional Carlos Escaleras. Noviembre 2016. Foto:Aldo Santiago

Cuando los pobladores de la zona se enteraron de los rumores referentes a que las obras en la Montaña de Botaderos estaban iniciadas y se estaban poniendo en riesgo de contaminación los 34 ríos (que abastecen de agua a al menos 16 comunidades), decidieron organizarse para defender su territorio de manera pacífica. Conformaron el Campamento de Guapinol por el Agua y la Vida, ejerciendo sus derechos a la libre asociación y organización en aras de proteger su territorio, paz y fuentes de agua potable.

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El campamento permaneció 88 días, durante los cuales los miembros fueron constantemente atacados e intimidados por grupos de choque (enviados por la misma minería), sin la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad en el pleno y legítimo ejercicio de protesta pacífica.  Así, el 27 de octubre de 2018 las autoridades, con la exagerada ayuda de 1,500 elementos militares, realizaron un desalojo y procedieron a acusar a 32 activistas en dos expedientes distintos (bajo los cargos de usurpación y daños, en el primero; privación injusta de la libertad, robo, incendio agravado contra la empresa y asociación ilícita, en el segundo).

El 15 de enero de 2019, un tribunal especializado en crimen organizado ordenó la aprehensión de 18 miembros del campamento. Finalmente, trece fueron puestos en prisión preventiva, siendo liberados 5 y permaneciendo 8 encarcelados hasta la fecha en el Penal Olanchito.

Liberación truncada

Luego de dos años de su aprehensión, se concedió una audiencia de revisión de medidas por parte del Tribunal de Sentencia de Trujillo para el martes (26) con la esperanza de que se otorgara la sustitución de medida de prisión preventiva y con ello se liberara a los ocho activistas de Guapinol.

Pese a la presencia de organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, familiares, decenas de allegados y el arduo trabajo del equipo jurídico que se encarga de defender a los activistas, el tribunal procedió con una nueva anomalía.

El abogado Edy Tabora (miembro del Bufete Justicia para los Pueblos, a cargo de la defensa de los ocho activistas) denunció a través de las redes que el Tribunal de Sentencia cerró funciones el miércoles (27) sin informar su resolución, incumpliendo el artículo 189 del Código Procesal Penal, en el cual se estipula que debían comunicar su veredicto el día inmediato a la audiencia. Tristemente, el retraso vino acompañado de una noticia aun mas indignante, al negarse la liberación de los activistas.

Por su parte, la Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha solicitado al Estado Hondureño que rectifique su veredicto.

En tanto, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encuentra la detención como arbitraria y sin base legal que justifique la prisión preventiva.  De hecho, previamente había solicitado al estado de Honduras que dejaran en libertad a los activistas, repararan el daño causado por las ilegalidades y que se investigara a los funcionarios públicos, jueces y fiscales que forman parte del mecanismo que mantiene privados de la libertad a estos ocho hombres.

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) lamentó que no se respete lo que se estipula en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Honduras en el año 1995.

Los defensores de los activistas puntualizan que este nivel de corrupción se le atribuye al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien se mantiene en complicidad con Lenir Pérez, a quien apoya en los procesos judiciales a cambio de beneficios económicos. El caso Guapinol sigue abierto y es definitivo que la resistencia de las familias y el apoyo de quienes las respaldan en la búsqueda de justicia no va a ceder hasta que se ponga en libertad a cada uno de los detenidos.