Este 20 de abril de 2020, un número de organizaciones sociales, asociaciones civiles y colectivos publicaron un Pronunciamiento por la vida en el que analizan las dimensiones sociales de la pandemia del COVID-19 y ofrecen insumos para generar estrategias para enfrentar solidariamente la situación, tanto a nivel nacional como en el contexto específico de Chiapas. Se trata de organizaciones y colectivos que desde hace años han trabajado por la defensa y promoción de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Chiapas.

En conferencia de prensa transmitida ese día por Rompeviento TV, integrantes de algunas de las organizaciones firmantes detallaron el análisis de las dimensiones sociales de la pandemia en el contexto de Chiapas: Ana Valadez Ortega (investigadora de CECCAM e integrante de DESMI), Deyanira Clériga Morales (colaboradora de Voces Mesoamericanas y Acción con Pueblos Migrantes), Marcos Arana Cedeño (director del Centro de Capacitación Ecológica y Salud para Campesinos) y Pedro Faro Navarro (director de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas).

Como explicó Ana Valadez, el proceso de discusión colectiva surgió a partir de una iniciativa por parte de trabajadores y trabajadoras de la salud que trabajan desde hace 30, 40 años en la salud colectiva en Chiapas, muchos de ellos formando a un gran número de promotores y promotoras campesinos a lo largo de varias décadas, desde el refugio guatemalteco hasta el proceso de conformación de la salud autónoma de las comunidades zapatistas. Fue la conciencia adquirida en esos años de trabajo lo que los llevó a examinar las determinaciones sociales de la pandemia, una discusión “que ha surgido en el seno de una agenda de discusión crítica de los grandes pensadores de la salud a nivel latinoamericano”.

Marcos Arana analizó los orígenes y las consecuencias de la pandemia. El virus SARS-CoV-2, la variante del coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, argumenta Arana, no es de origen “natural”; su mutación es producto del sistema de producción agroindustrial de alimentos, mismo que ha dado origen a otras enfermedades como la del A H1N1, que surgió en México en una granja porcina en 2009, y que muy probablemente seguirá dando origen a nuevas enfermedades.

Por otro lado, Arana apuntó a las disparidades en las consecuencias de la pandemia. Las diferencias en el acceso a la información, el hacinamiento, la mala alimentación, el poco acceso al sistema de salud, la desnutrición, la prevalencia de enfermedades de mayor incidencia en la pobreza (como la obesidad y la diabetes)… todo eso hace que los de abajo, los menos privilegiados, sufran consecuencias de la pandemia mucho más graves.

Pedro Faro llamó la atención a dos poblaciones particularmente vulnerables, en particular en el estado de Chiapas: las víctimas de desplazamiento forzado y los presos. En Chiapas hay casi 10 mil desplazados, víctimas de un desplazamiento íntimamente relacionado a altos niveles de violencia por parte de grupos de corte paramilitar. Entre los ejemplos está el caso de Aldama, donde, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, los disparos y agresiones continúan. Por otro lado, las cárceles de Chiapas se encuentran en condiciones de hacinamiento sin ningún tipo de acciones de salubridad, por lo que la población carcelaria es altamente vulnerable al contagio.

Deyanira Clériga Morales se centró en la situación de los migrantes, tanto internos como externos. Las recomendaciones de “quedarse en casa” representan un oximorón en el caso de los migrantes internacionales, los migrantes retornados (ya sea deportados de los Estados Unidos o quienes regresan de otros estados de México tras perder sus empleos), así como para quienes se encuentran en condiciones de calle. El retorno de los migrantes internos o externos a sus comunidades está sucediendo sin las condiciones necesarias: medidas de recepción y cuarentena que garanticen el bienestar de los propios migrantes y la seguridad de las comunidades.

Ana Valadez apuntó a la disonancia entre las medidas gubernamentales (así como de las instituciones de salud privadas), cuyas políticas se enfocan en los sujetos individuales, y la organización comunitaria, que se basa en una visión colectiva. El quedarse en casa, por ejemplo, de acuerdo a esa visión colectiva, significa quedarse en comunidad. El problema de dicha disonancia, argumenta Valadez, es que refuerza un discurso en el que supuestamente “todo está bajo control” y sostiene un paradigma que no es suficiente para resolver la situación, justamente porque no contempla la dimensión colectiva.

En ese sentido, el papel de los sindicatos (como la Sección 50 en Chiapas), los técnicos y las organizaciones de la sociedad civil que desde hace años trabajan con salud colectiva y en especial las parteras, es fundamental. Las parteras y promotores y promotoras de salud son particularmente importantes, pues son ellas y ellos quienes pueden contener el problema en su inicio y promover medidas a nivel comunitario, eso es, de manera colectiva. La respuesta de las comunidades zapatistas, que declararon alerta roja y han tomado medidas muy eficaces, es ejemplo de esto. Pero hay muchas otras comunidades que, debido a los años de guerra “de baja intensidad” y políticas destinadas a dividir y confrontar a los pueblos, han visto su organización comunitaria comprometida. En suma, es fundamental apoyar y promover la participación de los agentes comunitarios, con una visión de la salud colectiva y no meramente individual.

Escucha/descarga los audios de la conferencia de prensa:


Pronunciamiento conjunto por la vida

Al Pueblo chiapaneco
A las Juntas de Buen Gobierno del  EZLN
A las organizaciones indígenas y campesinas
Al Gobierno federal, estatal y municipal.
A las autoridades sanitarias federales, estatales y distritales

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a  20 de abril de 2020

Desde el Sur de México organizaciones sociales, civiles y colectivos diversos nos juntamos para compartir información, analizar y generar estrategias para enfrentar solidariamente esta pandemia COVID 19. En este esfuerzo colectivo nos encontramos quienes trabajamos desde hace años por la defensa y promoción de derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en el estado de Chiapas. Hemos desarrollado desde hace décadas múltiples iniciativas por la justicia y la dignidad en estos territorios, específicamente en materia de derechos de las mujeres, de las infancias y juventudes, de los pueblos indígenas y pueblos migrantes; defendiendo el derecho a la salud, al agua, al territorio, a la información y a la libre movilidad humana, entre otros  más. Desde estas diversas capacidades, conocimientos y experiencias nos sumamos  para acompañar-nos junto a los pueblos en la exigencia de derechos, para  informar de manera accesible y verídica sobre la pandemia, para generar espacios creativos de ayuda mutua y para documentar y denunciar las posibles violaciones a derechos humanos que se presenten durante la emergencia.

Partimos de recordar que nos encontramos en un estado que ha vivido históricamente y de manera particular la exclusión y marginación, y en contraste  con una tremenda potencia organizativa fruto de su larga historia de lucha y resistencia. La pandemia que hoy vivimos reitera que las formas de producción capitalista, en la que predomina la violencia, la desigualdad y el despojo, precariza los medios para la reproducción de la vida y disminuye la posibilidad de vivir una vida digna.

Existe una fuerte relación entre la salud de la naturaleza y la salud humana, los virus proliferan en situaciones de devastación ecológica vinculada con la expansión agroindustrial y sus sistemas de confinamiento y almacenamiento productivo, proceso que violentan derechos humanos y los derechos de la tierra. Si las condiciones se mantienen iguales, seguirán apareciendo virus, cambiar el modelo de producción de alimentos, apostar por la soberanía alimentaria y la agroecología es un medio para prevenir próximas pandemias. Para evitar que esto pase, es necesario un cambio sistémico, por lo que consideramos fundamental escuchar las voces y lucha de los pueblos indígenas y campesinos que cuidan y defienden a la Madre Tierra y a su territorio.

Esta emergencia sanitaria pone en evidencia el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud resultado del modelo capitalista y la subordinación de la salud de las personas a un modelo  que atiende al mercado y a la opción desarrollista como único indicador válido. De ahí que un cambio de paradigma tendría que ser poner por sobre todo el derecho a la vida y a los derechos humanos de todas las personas.

Sabemos que es un gran reto para el gobierno mexicano, y para la sociedad en su conjunto afrontar esta situación ante un sistema de salud saturado y en algunos lugares colapsado, es por ello que urgimos a los niveles federal, estatal y municipal que escuchen y atiendan las demandas y consideraciones partiendo de un diagnóstico claro de  las necesidades de los  diferentes territorios en México.   Nos pronunciamos por la garantía efectiva e integral  del derecho a la salud enunciada en los Art. 1, 2, 3, 7, 13, 17, 25, 26, 27, 28 Bis, 29 y 77 Bis  de la Constitución de los Estados Unidos Mexicano.  Exigimos:

1. Atender las determinaciones sociales de la pandemia que sitúan a población migrante, niñas y niños trabajadores y en situación de calle, pobladoras/es de periferias urbanas, personas en situación de detención, trabajadoras/es precarizadas como sectores con mayor vulnerabilidad al contagio, al diagnóstico oportuno y al acceso al tratamiento.

2. En el caso de pueblos originarios y reconociendo las estrategias históricas de salud comunitaria, respetar plenamente el ejercicio de su derecho a la autonomía y a sus propios modelos de atención a la salud en sus territorios. En el marco de los Acuerdos de San Andrés, el artículo segundo de la Constitución, y  los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

3. Difundir de manera amplia las medidas estatales de atención y acompañamiento para niñas, niños y mujeres que vivan violencia intrafamiliar. Que la atención sea de fácil acceso y con enfoque de derechos humanos.

4. Reconocer la complejidad de la movilidad humana en Chiapas por ser estado de origen, tránsito, destino y retorno. Por ello implementar medidas eficientes de vigilancia epidemiológica para las personas en desplazamiento forzoso, personas migrantes que están en situación de detención y quienes retornan de manera forzada a las comunidades.

a) Plan de cuidados específico  que incluya información accesible en idiomas locales a la familia y comunidad de retorno, diagnóstico-tratamiento expedito, y seguimiento.

b) Afirmamos que migrar no es un delito, por ello instamos a suspender las detenciones migratorias, evitar el hacinamiento en los centros de detención, la liberación inmediata a todas las personas y que se garanticen sus derechos humanos.

c) En cuanto a los 9,950 víctimas de desplazamiento forzado, solicitamos las mismas medidas de vigilancia epidemiológica y una respuesta efectiva ante la violencia generalizada ocasionada por los grupos de corte paramilitar.

5. Garantizar condiciones apropiadas para los y las trabajadoras de la salud en todos los niveles. Abasto de insumos, equipo y capacitación suficientes para el fortalecimiento de servicios de salud de primer nivel para la atención No COVID y COVID 19, incluyendo el reforzamiento de los espacios de atención y colaboración horizontal con agentes comunitarios de salud: parteras, promotores/as, médicas/os y pasantes.

6. En el caso de parteras que el Estado facilite y acelere el reconocimiento de la partería en el registro civil y extienda los certificados de nacimiento sin condición alguna. Que se les respete para seguir ejerciendo atención y cuidado, que sea suficiente con el reconocimiento comunitario. En caso de que ellas lo soliciten aprovisionar con suficiencia materiales e insumos necesarios para la atención de partos.

7. Solicitamos que el gobierno federal observe con especial atención la forma de implementación de la estrategia sanitaria por el gobierno local chiapaneco.  Reconocemos el trabajo comprometido y recuperamos la exigencia de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas que a la letra dice:

“En este momento carecemos de un liderazgo efectivo en el estado para enfrentar esta contingencia, nuestra institución en estos momentos es dirigida con fines políticos y no científicos, por lo tanto no representa los intereses de la salud pública de nuestro Estado, por tal motivo desconocemos a esa representación oficial y los trabajadores nos organizaremos como sabemos hacerlo, para hacer frente a la pandemia.

Exigimos al Gobernador del Estado, Dr. Rutilio Escandón Cadenas la destitución inmediata del político secretario de salud, con la sustitución inmediata de expertos en epidemiología con los que cuenta Chiapas”.

8. Información expedita y transparente sobre los protocolos de atención sanitaria en Chiapas. Para ofrecer una atención digna es necesario que el personal se encuentre protegido en suficiencia conforme a los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

9. Garantizar servicios básicos en las redes de suministro de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y saneamiento para la población en general y con particular atención a  los hospitales, casas de salud, casas de personas adultas mayores, centros de detención a migrantes, prisiones y estancias infantiles.

10. Garantizar y regular el abasto de alimentos que eviten la especulación en los precios de artículos de primera necesidad. Para las/los pequeños productores de excedentes mantener precios de garantía y facilitar la distribución de sus productos.  Promover mercados campesinos de productos agroecológicos o en transición para su distribución local. Garantizar que del total de adquisición de alimentos del Estado mexicano se destine un porcentaje de la compra a pequeños productores de excedentes.

11. Generar  planes  económicos oportunos, sin condicionamiento alguno, para acompañar de forma digna a las familias que no cuentan con salarios y trabajos asegurados. Vigilar y asegurarse para que estos subsidios no se conviertan en objeto de clientela y corrupción.

12. Que el proceso de reconversión hospitalaria, sea transparente a nivel estatal y distrital con promoción y difusión clara y precisa de la ruta crítica de atención urbana, y  de cobertura rural, y sin  descuidar la atención hospitalaria y consulta externa a pacientes NO COVID 19.

13. Información sobre estrategias de apoyo a otros problemas derivados de las fases 2 y 3 como violencia intrafamiliar, violencia feminicida, psicológica, económica, física y sexual a niñas/os y mujeres, estigmatización de las/los enfermos COVID, ataque a los/las trabajadoras de la salud.

14. Pedimos que bajo ninguna circunstancia se apliquen medidas de fuerza desde los cuerpos  policiacos y militares para efectos de contención de la población que puedan incurrir en acciones ilegales y violaciones a los derechos humanos de las personas.

15. Alto a la narrativa de guerra, fomento del miedo, la represión física del Estado y la demostración de fuerza, que ejercen violencias físicas, simbólicas y provocan miedo y soledad  que  impiden construir vínculos solidarios y colectivos.  El fomento deliberado del rumor, la desinformación y el  pánico enferma, desmoviliza y, en extremo, se convierte en una estigmatización y persecución del otro/a.

Reconocemos los esfuerzos que la sociedad chiapaneca está haciendo al quedarse en sus casas, así como las propuestas autónomas sanitarias de pueblos y comunidades, valoramos las iniciativas de los negocios pequeños que están poniendo de su parte, celebramos las muestras amplias de solidaridad que se están desplegando, por lo mismo instamos a que las autoridades actúen con responsabilidad y cumplan íntegramente su mandato público.

Agradecemos y reconocemos el trabajo, compromiso y entrega de las trabajadoras y trabajadores de la salud.

Nosotras y nosotros seguiremos trabajando de manera coordinada y en corresponsabilidad con la sociedad y con los pueblos con quienes caminamos, continuaremos con la difusión de información en idiomas locales, generando redes de solidaridad y apoyo mutuo, y así mismo mantenemos nuestra acción de observación, documentación y denuncia de las acciones que violenten los derechos humanos de las personas en estos territorios.

Firman:

Organizaciones:
At`el Antsetik Centro Comunitario; Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos/Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC-DDS); Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.; ProMedios; Melel Xojobal, A.C.; Alianza Pediátrica Global; Comisión Para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Salud y Desarrollo Comunitario (Sadec); Casa de la Mujer Ixim Antsetic; Agua y Vida: Mujeres, Derechos y ambiente, A.C; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, AC; Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba); Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, A.C. ( CECCAM); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Una mano amiga en la lucha contra el sida AC; Formacion y Capacitación A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Córdoba A.C.; Apostólicas del Corazón  de Jesús (ACJ) Tapachula; Kaltsilaltik, A.C., Comitán.; Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C.; SJM Frontera Comalapa; Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, Fideicomiso para la salud de los niños indígenas A.C.

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS)

Red Por la Paz
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (San Cristóbal de Las Casas); Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, (Ocosingo); Centro de Derechos Indígenas A.C. CEDIAC; Centro de derechos de la Mujer (San Cristóbal de Las Casas);  Comisión de Apoyo para la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO ) (San Cristóbal de Las Casas); Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI ) (San Cristóbal de Las Casas);  Educación para la paz (EDUPAZ) (Comitán); Enlace, Capacitación y Comunicación (Ocosingo y Comitán); Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ ) (Ocosingo).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Capítulo Guatemala:
American Friends Service Committee, Oficina Regional de América Latina y El Caribe  (AFSC); Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM); Asociación Consejería Oxlajuj Ix para Centroamérica y México (CAMEX); Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud-Guatemala ACCSS; Asociación de Desarrollo Social de Ixcán (ADESI); Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG); Asociación Lambda, Consejo de Juventud para el Desarrollo Ixcoyense  (COJDI); Comisión de Asuntos Migratorios de Ixcán -CAMI; Comité Municipal de Migración; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER); Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjoba’l; Jóvenes por el Cambio; Mamá Maquin; Médicos del Mundo Francia – España; Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG);  Molanil K´inal B´e; Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas; Pop Noj’; Red  Juvenil Ak´Molam; Sociedad Civil. Capítulo México: American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe  (AFSC); Centro de Derechos Humanos Oralia Morales; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova;  Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Comité de Derechos Humano Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI); La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes; Médicos del Mundo Francia – España, Pastoral de Migrantes; Parroquia de Frontera Comalapa; Servicio Jesuita a Migrantes  (SJM); Servicio Jesuita a Refugiados  (SJR), Servicio Pastoral a Migrantes San Martin de Porres (SEPAMI – SMP ); Una Ayuda para ti Mujer Migrante A.C.; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Colectivo de Monitoreo y Observación de Derechos Humanos del Sureste Mexicano:
American Friends Service Committee  – Oficina Regional de América Latina y El Caribe (AFSC), Apostólicas del Corazón de Jesús (ACJ),  Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes – Frontera Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS México), Tzome Ixuk-Mujeres Organizadas A.C., Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, AC.

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