Ante las declaraciones del presidente López Obrador el pasado domingo 24 de noviembre de 2019, en la ciudad de Tlapa, Gro., el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, hace el siguiente posicionamiento público respecto a lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014:

1.-Un crimen de Estado se define como “aquellos delitos cometidos por agentes estatales o por particulares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado”, en particular el caso Ayotzinapa implica la participación de instituciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, de las Fuerzas Armadas.

2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del palacio de justicia de Iguala que forman parte del aparato de gobierno.

3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de los empresarios turisteros de Guerrero, de los grandes medios corporativos de información (televisión, radio y periódicos) así como de jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron a la criminalización y las campañas de odio en contra de los normalistas de Ayotzinapa y al “ya supérenlo” de Enrique Peña Nieto. Los medios de comunicación y las iglesias son parte del Estado.

4.- López Obrador como titular del poder ejecutivo es parte del Estado Mexicano, sin embargo, éste es mucho más amplio y complejo que el gobierno federal. Recordémosle, que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de Estado, es una violación múltiple y continuada de varios derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de un crimen de Estado subsiste independientemente de los cambios de gobierno.

Recordemos que han pasado 5 años y el caso Ayotzinapa no se ha resuelto:
- No se ha informado sobre el paradero de los estudiantes.
- No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de esa noche.
- No hay personas juzgadas y sentenciadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas.
- No han sido sancionados los delitos del orden común o federal, ni las graves violaciones a los derechos humanos cometidos el 26 de septiembre de 2014.
- Las medidas de Restitución, Satisfacción, No repetición, Rehabilitación integral y Compensación no existen para el conjunto de victimas.

Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército en 1974.

Exigimos al presidente López Obrador que encuentren a los 43 normalistas: enjuicie y sancione a los responsables de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese la impunidad.

El caso Ayotzinapa está impune.

Fue el Estado con Rosendo Radilla.

Es el Estado con Ayotzinapa.

Dado que hay delitos y violaciones a derechos humanos continuadas sigue siendo un crimen de Estado.

(Comunicado Vía Ké Huelga Radio)