Desde hace más de dos años, grupos paramilitares ubicados en el
Municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, vienen tiroteando,
quemando, amenazando y persiguiendo a la población civil, zapatista
y no zapatista, del Munición de Aldama. La acción de estos grupos
paramilitares nunca ha sido perseguida por el Gobierno Federal,
municipal ni Estatal. Varios muertos y miles de desplazados es el
sangriento resultado de su criminal actividad. 

Para agravar más todavía está situación, el pasado 22 de agosto,
otro operativo paramilitar, esta vez vinculado a la organización
oficialista Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo
(ORCAO), atacó con armas de grueso calibre, quemó y saqueó las
bodegas de café del Centro de Comercio «Nuevo Amanecer del
Arcoiris», ubicado en el crucero de Cuxuljá, integrado en el
Municipio Zapatista Lucio Cabañas. Ésta ha sido una agresión más
que se suma a la escalada de violencia en la región registrada desde
abril del pasado año que vislumbra un plan premeditado de exterminio
sobre las comunidades zapatistas.

ORCAO detenta un largo historial paramilitar en la zona, con
múltiples agresiones armadas, secuestros, despojos y otros delitos.
Nunca han ocultado su estrategia de eliminar a las comunidades
zapatistas y hacerse con sus tierras. Nos preocupan los posibles
vínculos de los integrantes de esta organización paramilitar con y
los distintos gobiernos en turno. Esto genera aún mayor preocupación
tras los sangrientos antecedentes de la «guerra sucia»
desatada contra las comunidades zapatistas, desde 1994 con los
anteriores gobiernos federales y estatales. 

Dado que el accionar de estos grupos paramilitares continúa
impunemente, no podemos menos que deducir la complicidad federal con
dichas actividades delictivas. Es manifiestamente conocida la
oposición de las comunidades zapatistas a grandes megaproyectos
gubernamentales y otros proyectos extractivistas de origen
trasnacional diseñados sobre su territorio sin su consentimiento,
además del rechazo a programas asistencialistas del gobierno que
rompen el tejido social y conducen a las comunidades a alinearse a
los gobiernos en turno. ¿Es éste pues el origen del incremento de
la violencia política hacia ellas?

Por todo lo anterior, denunciamos la escalada paramilitar contra las
comunidades zapatistas, así como la complicidad del gobierno
federal, estatal y municipal en la misma