En portada: El Consejo Agroindustrial Argentino, formado en 2020, promueve beneficios para la agroindustria con el pretexto de la creación de empleos. Foto de Revista Criterio Digital

“Reactivación agropecuaria y agroindustrial para una Argentina de pie” es el nombre con el que se conoce a la Resolución 216 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de dicha nación, en la que se aprobó la iniciativa “200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” (200MT), los cuales se pretenden producir antes del año 2030.

Dicha iniciativa surge del “Consejo Agroindustrial Argentino”, del cual forman parte varios sectores de los agronegocios, quienes pretenden salir favorecidos con la implementación de las políticas públicas promovidas por el actual gobierno.

En el papel, estas políticas están centradas en el crecimiento económico, medido por el aumento del Producto Interno Bruto, y con las cuales se pretenden resolver los problemas económicos, sociales, ambientales y sanitarios, ligados al hambre y la malnutrición, por los que atraviesa el país sudamericano.

Sin embargo, un análisis publicado por Acción por la biodiversidad, señala que los principales beneficiarios de dicha iniciativa son los del Consejo Agroindustrial, ya que han planteado una serie de demandas vinculadas con el otorgamiento de subsidios, infraestructura, financiamiento, así como, políticas de inversión respecto a una serie de insumos, como fertilizantes, perforaciones y riego con aguas subterráneas, etc.

Además, plantearon propuestas de deducción del adicional por ganancias de 50%, así como otros beneficios a quienes se registren y muestren incrementos en la producción y en la contratación de personal.

Otro tema presente en la Resolución 216 es la Ley de semillas, con la cual, los sectores concentrados de la agroindustria intentan que Argentina se adhiera al convenio UPOV 91, que prohíbe el uso propio de las semillas por parte de agricultores y, cuyas consecuencias serían una mayor uniformidad genética en la agrobiodiversidad y un mayor control de las corporaciones transnacionales semilleras y agrotóxicas sobre los sistemas agroalimentarios.

De acuerdo a Fernando Frank, autor del informe titulado Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina, con esta resolución el gobierno está asumiendo un consenso político falso, ya que no ha escuchado a la diversidad de voces críticas a los agronegocios, principalmente a las vinculadas con la producción popular; la agricultura familiar, campesina e indígena; las pymes y cooperativas de producción de alimentos sanos; las personas consumidoras y, la academia crítica.

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Algunos aspectos relevantes a considerar sobre lo que implica la implementación de la iniciativa 200MT respecto a la recuperación de tierras son: los agronegocios expanden la frontera agrícola remplazando a los sistemas mixtos agrícola-ganaderos, promoviendo la deforestación de bosques nativos y expulsando a las familias campesinas de sus territorios de cultivo y, la reducción del uso de los agrotóxicos no será posible ya que la expansión se dará en el contexto de la continuidad y profundización del uso de cultivos transgénicos (soja, maíz y trigo) resistentes a herbicidas.

En cuanto al “agregado de valor” habrá que tomar en cuenta que se refiere al fortalecimiento de las distintas formas de ganadería industrial, la industria aceitera y molinera, la industria de comestibles ultraprocesados (bebidas azucaradas, panificados industriales, lácteos, etc.), lo que conlleva a la concentración y extranjerización económica, a la degradación de la calidad de los alimentos y, a la promoción de nuevos monocultivos. Y, aunque en la resolución no mencionan los agrocombustibles como el biodiésel y bioetanol, la producción de estos forma parte del proyecto.

Respecto a las divisas o lo que algunos economistas denominan “restricción externa”, la iniciativa 200MT plantea el aumento del volumen de producción, sin embargo, con proyectos anteriores, como la Hidrovía, se pusieron al descubierto los intereses corporativos, la corrupción y los negocios turbios que se esconden atrás de dichos proyectos, lo cual conllevó la fuga de divisas, contrabando, evasión fiscal, concentración y extranjerización del comercio.

Acorde al análisis del documento, el debate sobre el crecimiento económico que necesita el país no puede estar disociado de los impactos socioambientales, ya que no habrá futuro si no se cuidan y defienden los territorios, los bienes comunes y los pueblos que les habitan.