El lunes 31 de enero el periodista de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, fue asesinado por tres individuos al salir de su trabajo. El empleado de este pequeño blog de información local elaboraba piezas que señalaban la corrupción en los distintos niveles de la administración y entre los políticos, y había recibido amenazas previamente. Su asesinato supone el cuarto crimen contra la prensa en México desde que empezara el año.

Según ha documentado Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, en lo que va de mandato del presidente López Obrador, han sido asesinados 28 periodistas, 148 desde el año 2000.

La semana pasada fue especialmente trágica, cuando dos periodistas fueron asesinados en pocos días en la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las más violentas del mundo. Dicha ciudad ubicada en el estado de Baja California al norte de México y que colinda con el estado de California, registró el año pasado 1.987 asesinatos dolosos.

Bajo este contexto de violencia generalizada e inseguridad en el que el estado mexicano ha lucido por su ineficiencia para garantizar la integridad física de aquellos que ejercen el oficio, los periodistas no han dejado de realizar sus labores informativas.

Lastimosamente, el “Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas” del estado mexicano, no ha evitado que colegas como Margarito Martínez y Lourdes Maldonado asesinados en Tijuana, hayan sido ejecutados a balazos frente a sus domicilios.

Margarito Martínez

El pasado 17 de enero el periodista Margarito Martínez, con más de 20 años de reportero gráfico en temas policíacos, fue asesinado fuera de su casa aproximadamente a las 12:30 pm, el sonido de un arma de fuego calibre 9mm hizo que su hija de 15 años saliera y encontrara el cuerpo de su padre con heridas en su cabeza y pecho.Su fuerte era la cobertura de notas policíacas, su experiencia y profesionalismo lo llevaron a colaborar con los medios locales más reconocidos. Llegó a ser fuente de información de medios nacionales, internacionales e incluso documentales sobre temas de seguridad, dado que era un referente al respecto, su ausencia, aseguran colegas periodistas, dejará un vació informativo ya que solo él cubría esta fuente con una valentía y compromiso inigualable.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021 ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes

Su profesionalismo fue más que reconocido. A pesar de esto, cuando pidió ser beneficiario del “Mecanismo de Protección” un mes antes de su asesinato, la ineficiencia y burocracia del mismo no logró cumplir su objetivo y salvaguardar su vida.

Margarito fue acusado sin pruebas de ser administrador de una página de Facebook que señala a miembros de cárteles llamado “Tijuana en Guerra”, lo cual, pudo haber expuesto su integridad personal a manos de grupos criminales que se veían afectados por las publicaciones de dicha página.

Después de un altercado transmitido en vivo a través de Facebook con un pseudo-comunicador llamado Ángel Peña, —quien administra una página en dicha plataforma con más de 100 mil seguidores, pero carente de ética periodística— donde lo acusa sin prueba alguna. Margarito expresó temer por su vida a través de un comunicado hecho por el colectivo #YoSíSoyPeriodista con sede en Tijuana.

Para la presidenta del colectivo, Sonia de Anda, el gobierno estatal que tomó el poder en noviembre no le dio la importancia debida al mecanismo de protección, incluso se comunicaron con ella para decirle que no existían fundamentos jurídicos para operarlo y debían volver a comenzar todo desde cero.

Melva Adriana Olvera, Sub-secretaria de Derechos Humanos y encargada del mecanismo estatal tuvo que delegar la responsabilidad al gobierno federal con sede a más de tres mil kilómetros de distancia en la Ciudad de México. La federación hizo llegar documentación a Margarito pero se desechó su solicitud al no completarse con la burocracia requerida desde la capital.

“Quiere decir que ni siquiera le dijeron a Margarito de lo que se trataba el mecanismo porque él asumió que porque le llamaron por teléfono ya estaba incorporado. Sí tienen un problema de burocracia, pero en el estado no le dieron la importancia porque estaban metidos en la transición de gobierno, lo delegaron a la federación y ellos no tienen contacto cercano con nosotros”, dijo Sonia de Anda.

“Estos dos crímenes se dan en un contexto en el que los encargados del mecanismo están tratando de ponerlo en marcha, obviamente no saben cómo. No sé si no se pusieron en comunicación con la federación para que les explicaran que tenían que hacer o simplemente pensaron que podía esperar y en ese lapso es cuando asesinan a Margarito y seis días después a Lourdes Maldonado”, explicaba la integrante de #YoSíSoyPeriodista.

Esta centralización característica en el sistema republicano de México ha afectado a los periodistas no solo por su ineficiencia en la lejanía, sino también por la postura del presidente y su partido, que ha deslegitimado a los periodistas y dado vía libre a los “blogeros” e “influencers” de internet.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021, que según el presidente de México garantizaría la libertad de expresión, especialmente en las redes sociales, ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes sin necesidad de los medios y los periodistas.

La creación del colectivo #YoSíSoyPeriodista en Tijuana fue una forma en que los reporteros podrían diferenciarse de aquellos “bloggeros” o “influencers” que mantienen una línea muy fina y hasta dudosa entre la labor informativa y la propagandística en sus contenidos.

“El mismo gobierno nos vulneró porque creó una ley que dice que toda persona que publica de manera recurrente en cualquier plataforma de internet es periodista. Esta situación que generó el gobierno mexicano le abrió la puerta a los grupos del crimen organizado para preparar a personas como influencers o blogueros y lanzar sus mensajes tal y como ellos quieren. Margarito fue víctima de uno de esos blogueros”, comentó la presidenta del Colectivo.

El discurso de estos pseudo-comunicadores se ha popularizado gracias a una especie de “desencantamiento” hacia los medios de comunicación por parte de la población mexicana, la cual vivió años de lo que algunos llamaron una “Teletiranía”. Los contratos millonarios que los gobiernos de derecha tenían con las televisoras y que rayaban en lo propagandístico, la guerra sucia mediática/política en épocas electorales etc., deslegitimaron a la prensa tradicional, pero llevándose de paso a los medios libres.

Estos blogueros han encontrado cómo sacar ventaja del término “Chayotero” o prensa pagada ante sus audiencias, ya que para ellos el hecho de publicar fotos de presuntos miembros de carteles con rostros tapados, por no publicar narco-mantas (mensajes dejados por los cárteles) o fotografías explícitas, significa que los periodistas ocultan la verdad por tener compromisos económicos con el gobierno o como le dijeron a Margarito: “Yo no soy lame botas de nadie, a mí nadie me paga”.

“Estos blogueros no entienden que no es porque nos controle el estado, es por cuestión de leyes en materia de derechos humanos, que no podemos violentar el debido proceso, que debemos respetar la ley general de víctimas, el gobierno no ha sancionado a los blogueros que rompen con el debido proceso y estropean investigaciones”, argumentó De Anda.

Lourdes Maldonado

El contexto del asesinato de Lourdes Maldonado, periodista con 30 años de experiencia en el oficio, aunque concurrido solo seis días después, fue distinto. Ella sí era beneficiaria del Mecanismo de Protección desde marzo del 2021, a pesar de esto, a ella también le quitaron la vida a balazos justo enfrente de su vivienda.

Maldonado tenía una demanda laboral en contra del medio para el que trabajaba y el dueño del mismo; Jaime Bonilla. Dicho personaje ganó la gubernatura del estado y ejerció el puesto durante el 2019-2021, por el mismo partido del presidente de la república.

Días antes de su asesinato, Lourdes  ganó su demanda laboral. Al no obtener respuesta por parte de Bonilla, Lourdes y su abogado acudieron a las instalaciones del medio de comunicación —PSN— del que este es propietario a hacer un requerimiento de pago y no hubo respuesta por parte de nadie, ni siquiera de sus representantes legales.

Lourdes y su abogado procedieron a embargar el inmueble, lo que daría control a la periodista de todos los documentos contables de la empresa, así como de los documentos laborales que registran las altas en el Seguro Social de sus trabajadores. En caso de encontrar omisiones, Lourdes tendría la obligación de informar a las instituciones de seguridad social.

“No sabemos si el crimen de Lourdes ocurre porque se enfrentó a Jaime Bonilla o porque alguien quiere embarrar a Jaime Bonilla para obstaculizar su trayectoria política y Lourdes fue un elemento desechable. Imagínate que ahora estén escogiendo periodistas para atacar políticos, esa es la preocupación”. Explicó la presidenta del colectivo.

La periodista ya había sido atacada en su domicilio en marzo del año pasado, y desde entonces tenía un botón de pánico, un teléfono que la comunicaba directamente con la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, además de tener custodia policíaca permanente en su casa de las 8:00 pm a 6:00 pm. Según la Fiscalía General del Estado las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias 911 y al llegar a las siete de la tarde Maldonado se encontraba muerta en su vehículo justo frente a su domicilio.

El problema, según piensa De Anda y el colectivo #YoSíSoyPeriodista, es que a pesar de que Lourdes no comunicó al gremio ninguna inconformidad sobre el mecanismo, la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, al inicio de su mandato en noviembre del año pasado y con el pretexto de la escasez de agentes de seguridad pública, requirió de vuelta al servicio a todos los policías que realizaban actividades de custodia de personas, porque según ella, cuidaban solo a empresarios.

La Secretaría no ha facilitado las bitácoras de la custodia que tenía Lourdes, de acuerdo con De Anda y el colectivo, ha existido un hermetismo por parte de las instituciones de seguridad y la fiscalía: “Tengo la sospecha que se le había retirado parte de la custodia que se le había otorgado. Queda en evidencia que algo no está funcionando en el mecanismo estatal y el federal”. A pesar de estos dos acontecimientos, el Fiscal General del Estado, Hiram Sánchez, quien acudió a la escena del crimen del asesinado de Lourdes dijo que el mecanismo no falló.

“Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”

“No podemos decir que falló el mecanismo en opinión de nosotros, el mecanismo que ella tenía, tenía algunas cosas específicas en las que consistía, sabemos que tenía un botón de pánico y comunicación constante con Seguridad Pública, sabemos que había rondines y vigilancia permanente en un horario determinado y desafortunadamente el mecanismo como tal podemos ver, no fue suficiente para evitar que le quitaran la vida a la compañera, es algo que estamos determinado en este momento”, señaló Sámchez.

El ambiente actual en el gremio periodístico a partir de estos hechos ha tenido consecuencias emocionales, psicológicas, delirios y paranoias de persecución. “Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”.

Los integrantes de #YoSíSoyPeriodista tuvieron que pasar de modo luto a modo lucha y organizaron el 25 de enero una movilización nacional para exigir justicia a los periodistas caídos en lo que va de este año. Más de 40 ciudades en todo el país se unieron a esta movilización.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Y encabeza la lista de países que no se encuentran formalmente en guerra con más periodistas asesinados, incluso arriba de países como Afganistán.