@CristinaRevolt – vía twitter

Ni el llamado confinamiento declarado para gran parte del país, ni las campañas de pánico por posible infección y muerte por covid-19, como tampoco la efectiva militarización de ciudades como Cali, han sido suficientes para contener el copamiento de calles y avenidas por parte de miles de manifestantes. Una nueva ola de inconformismo toma cuerpo en Colombia, aunque aún no es claro si será desinflada por la decisión presidencial de desmontar parte del articulado impositivo de la pretendida reforma tributaria y llamar a la negociación –renuncia real pero sin reconocerlo de la totalidad del paquete impositivo– de un nuevo texto tributario. Los numerosos asesinados y lesionados, con pérdida de ojos, y golpizas a granel, demandan justicia y evidencian, un vez más, el necesario desmonte del Esmad.

 ¡Represión extrema!, esto es lo que han padecido cientos de manifestantes a lo largo de los días 28-29-30 de abril en las distintas ciudades de Colombia, con la ejecución, incluso, de una masacre en la ciudad de Cali con la afectación directa de sus sectores populares y de clase media.

En la capital del Valle del Cauca, un alzamiento liderado por cientos de jóvenes sorprendió al poder nacional y local, quien lo único que logró hacer fue atacarlos con total violencia. Entre los días 28-29 perdieron la vida 3 personas, entre ellas Marcelo Agredo[1], joven de 17 años, en el punto conocido como Puerto Resistencia (Cali), Juan Diego Perdomo 20 años (Neiva) al parecer por paro cardiaco.

El día 30 otras siete perdieron la vida y 7 denuncias más por asesinato están en verificación. Entre los verificados figuran: Einer Alexander Lazo –pensionado de la policía–, Jovita Osorio, docente infantil (muerta por asfixia, al caer al interior de su casa gases lacrimógenos), Daniel Felipe Azcárate, Julia Navarrete, Rosemberg Duglas, habitantes de los barrios Calipso, El Diamante, Sindical y el Paso del Comercio.

Por su parte el Personero de la ciudad, Harold Andrés Cortés, certificó el asesinato de 3 personas y el uso desmesurado de la fuerza por parte de la Policía.

Al tiempo que así actuaban, se intenta infiltrar la protesta y hacerla pasar como “vándalos” y “saqueadores”, pero hasta ahora no logran su propósito, a pesar de sí confundir sobre el verdadero motivo y carácter de la protesta con imágenes de medios de comunicación donde dan más realce a los saqueos que a la amplia protesta ciudadana. Pero, como quedó registrado por decenas de personas, los propios activos de la protesta lograron recuperar parte de lo hurtado y regresarlo a sus propietarios.

Bogotá 28 de abril de 2021.

También quedó evidente para decenas de personas, como algunos saqueadores que habían sido aprendidos in fraganti por manifestantes y entregados a la policía, fueron minutos después dejados en libertad. ¿En realidad eran infiltrados? Lo actuado por las “autoridades” así lo confirma. Una actitud de pretender deslegitimar la protesta que también queda evidente en los varios uniformados que han quedado en registro visual cambiando sus trajes de batalla por ropa de particulares, para así vincularse a las filas de los inconformes. Personajes que también actúan como civiles desde motos y automotores.

Veedores de derechos humanos, como James Larrea, integrante de redes de Derechos Humanos del suroccidente del país y en diálogo con desdeabajo, acusan la existencia de una maquinación macabra detrás de estos sucesos.

No es raro que así fuera, ya que el control de las unidades policiales de la ciudad, junto a otras 4 mil trasladadas desde distintos sitios del país, entre ellos 300 soldados, quedaron bajo el mando del Ministro de Defensa y altos oficiales de la Policía que instalaron un Puesto de Mando en Cali, ejecutando un efectivo “golpe de Estado” al alcalde de la ciudad quien en efecto quedó relegado y sometido a la visión de fuerza impuesta por el establecimiento.

Una visión de mando represiva que concreta lo indicado por el adalid del autoritarismo en el país, el innombrable, quien reclamó el derecho de los uniformados de utilizar sus armas de fuego para defenderse. Desnuda así, una vez más, esa concepción arrasadora de los derechos humanos y del derecho internacional, lo que permite apreciar, sin tapujo alguno, como entiende, no solo él sino un importante segmento del establecimiento, “la democracia”. Mano armada, con “derecho a utilizar las armas de fuego” que ya tiene regado su testimonio por varios barrios de la ciudad, al igual que lo sucedido en Bogotá entre el 9 y 11 de septiembre de 2020.

Entre la dignidad y la indignidad

Miles de voces se alzaron en Cali y lograron ser escuchadas. Protestan contra la pretensión de reforma tributaria, pero también por vida digna. Al mirar de cerca lo allí ocurrido desde el 28A y hasta el día 30, es claro que hay dos sectores en confrontación: por un lado, la mal llamada ‘fuerza pública” (fp) y por otro centenares de jóvenes. Una disputa desigual, ya que unos van blindados con armas de fuego, bombas aturdidoras y cientos de bombas de gases lacrimógenos, concreción de una guerra química que dicen está prohibida por los convenios internacionales; mientras los otros van desarmados, aunque profundamente indignados con un gobierno que si bien cedió migajas de una reforma tributaria que extrema la pobreza de millones, aún se mantiene en una postura que miles de manifestantes desaprueban.

Loma de la Cruz, Cali, 1 mayo de 2021

En esa desigual disputa los muertos, violentados, reprimidos y negados en sus derechos fundamentales son los sectores populares. Así lo atestigua James Larrea, quien denuncia la muerte comprobada de varios ciudadanos, con temor que la cifra ascienda a 7 e incluso hasta 14 víctimas, o mucho más, 120 heridos, 3 desaparecidos, 84 detenidos, algunos de los cuales ya recobraron su libertad, y las golpizas y manoseo a que fue sometida Diana Fernanda Díaz por parte de efectivos del Esmad.

En el caso de los desaparecidos, que están en comprobación, hay sospecha de tal proceder con la ilegal retención de una joven por “entes de la fuerza pública” que la subieron a una camioneta roja de platón, para luego, ante la presión ciudadana que con registros telefónicos daba cuenta del hecho, dejarla libre. Una vez en libertad, sin ocultar el pánico vivido, comentó que fue amenazada. Como puede deducirse, se trata de un terrible síntoma que deja entrever las oprobiosas irregularidades en las que opera la Policía Nacional para reprimir e infundir miedo.

Arrestos, así como golpizas y otros vejámenes en la humanidad de los manifestantes, denunciados tanto por defensores de derechos humanos, pero también por el senador por el Polo Democrático Wilson Arias, quien increpa a oficiales de policía para que suelten a las víctimas de estos atropellos en la ciudad de Cali, como quedó registrado en video.

(https://www.facebook.com/watch/?v=1167471867015797)

 Asumiendo la resistencia

Son jóvenes de todas las comunas, movilizados en operación avispa y convicción y disposición para defenderse ante el Esmad, cuya sola aparición les enerva y les hace brotar el odio acumulado en los sectores populares contra la policía en general –“la cara amable del poder”– que los persigue, amenaza, chantajea, les cobra vacuna, los apresa y violenta.

Su convicción de protesta procede de un acumulado de negaciones de derechos, (educación, recreación, salud, alimentación, vivienda, trabajo) así como por la persecución por parte de los uniformados que pretenden disciplinarnos a golpe de bolillo, cuando no de manera más ruda.

Una juventud que toma la batuta de la resistencia social y asume su rol en el tablero de acciones, con las movilizaciones como principal medio de acción, con manifiesta desconfianza ante todas las instituciones y con decisión de confrontación, si así lo deciden desde el el puesto de control y mando liderado por el jefe de la cartera de Defensa y la alta oficialidad uniformada.

Del puente para allá…

Más allá de la capital vallecaucana, en la región del Valle del Cauca se vivieron el día 29 y 30 de abril bloqueos en Yumbo, Jamundí, Villa Rica y La Delfina (vía a Buenaventura), donde los pobladores tomaron la decisión de no ocultar más su descontento con el actual gobierno y recibieron, como respuesta los ataques violentos del Esmad.

Con la ciudad y la región prácticamente militarizada, y con la decisión oficial de llenar los calabozos de presos, la policía dispuso como sitio inicial de reclusión el coliseo Las Américas. Al tiempo que esto sucede, los equipos humanos defensores de derechos humanos han quedado enfrentados a obstáculos de todo tipo para poder ejercer su función.

¿Qué ocultan quienes persiguen, golpean, gasean, disparan…? Es el cuestionamiento que realizan estas organizaciones veedoras de los derechos humanos pues se han visto imposibilitadas en el ejercicio de su labor con efectividad, ya que la Personería de la ciudad pretende ejercer un rol “garante” de los derechos humanos, aunque es parte de la misma alcaldía, lo que la ubica en una posición manifiesta de conflicto de intereses, que de entrada ya la inhabilita para cumplir con las funciones de organizaciones externas e imparciales.

Por otras geografías

Tres días durante los cuales la inconformidad social ha dejado huella por diversas ciudades del país, y de lo cual hay testimonio en infinidad de videos que circulan por las redes sociales, pero también, en las voces de sus protagonistas, los cuales han tenido que enfrentar la acción violenta de la llamada ‘fuerza pública’.

En Bello (Antioquia), por ejemplo, sector Niquia, decenas de manifestantes bloquearon el paso de la autopista Norte y dieron cuenta de un peaje allí instalado y que la ciudadanía llevaba meses pidiendo que lo retiraran. Rechazar el peaje, es rechazar la real privatización de las vías públicas, como sucede en ciudades como Cartagena y como también lo pretenden en otras ciudades del país.

En Pasto, por su parte, las manifestaciones de inconformidad también han dejado testimonio. Su magnitud se refleja en la disposición del disponer el coliseo del Barrio Obrero para llevar allí a los apresados.

En el departamento del Cauca, distintos municipios vivieron jornadas de resistencia, entre ellos Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada.

En Bogotá, bloqueos se vivieron a lo largo y ancho de la ciudad, con puntos como Suba, la avenida ciudad de Cali con Américas, la autopista norte a la altura de la 170, Yomasa, y otros muchos.

En la parte central de la ciudad también se han realizado mítines, en uno de los cuales perdió una de sus ojos Leidy Natalia Reyes al ser impactada por un disparo proveniente de una de las armas usadas por el Esmad.

Un resumen de la violencia desplegada por los “defensores del orden”, indica que:

El 28 A: 286 personas fueron detenidas en Cali, Bogotá, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. 6 perdieron la vista por dispararon del Esmad; 105 resultaron heridas, etnre ellas 4 por tiros de arma de fuego.

En Medellín: sufrieron detención arbitraria 159 personas, al tiempo que se denuncian 226 agresiones a manifestantes, defensores de dd.hh y colectivos de prensa.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación realizó el día 28 nueve allanamientos y capturó 14 jóvenes en Bogotá, Cali e Ibagué.

El día fueron 30 detenidos 4 defensores de DD.HH en Pasto, ciudad donde fueron capturas y llevadas al Coliseo del Barrio Obrero, 150 personas entre ellas varios menores de edad.

En camino

El gobierno Duque está al desnudo. Su carácter violento y represivo no aguanta más ocultamiento. Tampoco su decisión de gobernar a favor de los ricos. Un gobierno que no escucha ni concreta, que no quiso escuchar la infinidad de voces que le demandaron no presentar la reforma tributaria, las mismas voces que han demandado la implementación de una política económica y social de emergencia para que el pueblo colombiano tenga como afrontar la crisis económica que lo golpea, la que sume a miles de hogares en pobreza, así como otros muchos en miseria.

Pero la soberbia del poder pueda más que la realidad, de la cual los recientes informes de instancias oficiales como el Dane han dado cuenta al confirmar la realidad de un 30 por ciento de la población colombiana que ahora no tiene el dinero indispensable para surtir sus hogares con los alimentos necesarios para procurarse las tres comidas del día. Informes que también confirman que 3,6 millones de connacionales ingresaron en estos meses en pobreza monetaria.

Para unos y para otros son insuficientes los pírricos subsidios condicionados destinados por el gobierno; para ellos, como para un total de 30 millones de colombianos la situación económica es tal que es obligatorio aprobar una renta básica extraordinaria, no condicionada, equivalente a un salario mínimo mensual.

¿Tendrá ahora oídos abiertos este gobierno para dar el giro necesario a su política económica, social, de derechos humanos, guerrerista, negacionista del conflicto y del acuerdo de paz firmado con la insurgencia?

[1] Joven que fue impactado con varios disparos por haberle propinado un puntapié a una moto policial, como lo registran videos que muestran al efectivo accionando su arma.

Los datos referenciados son de: https://twitter.com/Coljuristas/status/1388577837276348418?s=20

Texto adjunto

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(Fuente: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42303-colombia-garantia-de-muerte.html)