EL CRIMEN ORGANIZADO MANTIENE SU PODER EN EL ESTADO DE GUERRERO, FRENTE A LA INACCIÓN Y COMPLICIDAD DEL GOBIERNO, MIENTRAS SIGUEN DESAPARECIENDO Y ASESINANDO A LA POBLACIÓN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

27 de enero de 2022

Hermanos y hermanas, luego de denunciar que la tarde del 25 de enero, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, nuestros compañeros Pablo Hilario Morales de la comunidad de Tula y Samuel Hernández Sánchez de la comunidad de Zapapexco municipio de Chilapa, ambas comunidades integrantes del CIPOG-EZ, CNI-CIG, fueran detenidos por la policía municipal y un comandante del Ayuntamiento de Atlixctac, seguimos sin saber nada de ellos.

Como organización, buscamos obtener información de su paradero, pero las autoridades dicen no saber nada de ellos, incluso en Atlixtac, se le negó información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tememos por la vida de nuestros hermanos, pero a las autoridades parece no importarles la vida. Es más que evidente que el gobierno de Guerrero teme atentar contra los intereses de los grupos delincuenciales, que se mueven a sus anchas, secuestrando, asesinando, torturando, disparando en contra de la población en todo el estado; Acapulco, Chilapa, en distintas partes de la sierra, en la Montaña de Tlapa, Chilpancingo, son escenarios de extorsiones y asesinatos y la inacción de las autoridades es a todas luces muestra de que están coludidas con los grupos delincuenciales y narco-paramilitares. Esto lo hemos denunciado hasta el cansancio pero desde las autoridades municipales y estatales de Guerrero, hasta las federales, hacen oídos sordos y nos miran con desprecio, como si sólo estuviéramos pidiendo su caridad, sus programas sociales, migajas para callarnos.

Pero no sólo son las autoridades de los municipios y los presidentes municipales, pues la Guardia Nacional, la Sedena, la policía estatal y todas las corporaciones que supuestamente se deben encargar de la seguridad del pueblo, también se tapan los ojos para no ver a quienes perpetran los crímenes contra las comunidades, al mismo tiempo que se llenan la boca con palabrería para afirmar que se están realizando acciones para brindar seguridad. No entienden que a la delincuencia, a los grupos narco-paramilitares, se les debe buscar dentro de su misma estructura, dentro de la policía municipal, dentro de la fiscalía, en los presidentes municipales, que con una mano cobran el salario producto de los impuestos del pueblo y con la otra cobran la paga del crimen organizado por su complicidad, por su silencio.

¿De qué sirve el diálogo que ofrece la 4T, Evelyn Salgado Pineda y los demás niveles de gobierno, si a la hora de enfrentar a la delincuencia no lo hacen? Por eso afirmamos que sólo están simulando escuchar al pueblo. Es por eso que les decimos que si no pueden brindar seguridad, que renuncien, si no se atreven a enfrentar al crimen organizado, que se vayan. Porque para las autoridades la vida de nuestros pueblos son números, son votantes, son el botín político, sólo administran las muertes en función de la imagen de su gobierno, por lo que acuden a la mentira para no evidenciar su ineptitud.

Es visible el vacío de poder que existe en Guerrero; no es posible que el gobierno tema enfrentar a la delincuencia y a los grupos narco-paramilitares. Ayer mismo, en Valle de Ocotito, municipio de Chilpancingo, personas con armas de uso exclusivo del ejército y autos blindados, dispararon por más de una hora, al rededor de las 5 de la tarde en contra de la policía ciudadana, sin alguna autoridad que enfrentara a estos grupos delincuenciales, ni el ejército, ni la ministerial, ni la Guardia Nacional han actuado para realizar las detenciones e impedir la violencia que azota al estado, demostrando que estos grupos delincuenciales tienen la capacidad de atacar y entrar cuando quieran, que tienen el control de los policías que les pasan información para que ellos circulen y dañen a la población, para que asesinen a quienes deciden defender la vida de ésta.

  • Es por eso que demandamos la aparición con vida de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez.
  • Que se depuren a las policías municipales del Municipio de Atlixtac, del Municipio de Chilapa, del Municipio de José Joaquín de Herrera, pues se sabe de sobra que están coludidos con el grupo delincuencial y narco-paramilitar “Los Ardillos”.
  • La investigación y depuración de los presidentes municipales, pues son éstos quienes tienen la coordinación y la disputa por los recursos de los pueblos y permiten que los grupos delincuenciales operen con toda la libertad.
  • Que la Sedena y Guardia Nacional, empiecen a hacer su trabajo de detener a la delincuencia, a “Los Ardillos” y a quienes permiten que éstos maten y atemoricen a la población.

Responsabilizamos al presidente municipal de Atlixtac y a la policía municipal, por la desaparición de nuestros hermanos. También responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, pues saben lo que pasa en Guerrero, las denuncias se han hecho en todas las instancias gubernamentales, sin una respuesta clara que termine con la violencia en nuestras comunidades, ni en el estado. Como CIPOG-EZ, mantenemos un bloqueo en la carretera que va de Tlapa a Chilapa, y realizaremos más acciones hasta no tener de vuelta a nuestros hermanos Pablo Hilario y Samuel Hernández y hasta no ver que los gobiernos asuman su responsabilidad con el pueblo, por lo que llamamos a las distintas organizaciones, redes, colectividades, organismos de Derechos Humanos, a difundir, denunciar y estar atentos a lo que pueda suceder.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA