El pasado miércoles, 12 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan), en Guerrero, realizó una conferencia de prensa para informar los resultados de la Misión de Observación que documentó la situación de violencia en la región de la Montaña, una de las siete regiones que conforman el estado de Guerrero, al sur de México.

La misión escuchó testimonios de casos graves de violencia por parte de familias de personas desaparecidas, casos de violencia de género, de agresiones a personas defensoras y periodistas. Abel Barrera, director de CDHM Tlachinollan, señaló que “es de extrema indenfensión la situación en que se encuentran, sobre todo, compañeras, niñas, jóvenes, adultas, mujeres de la montaña de Guerrero (…), en un marco de complicidad y violencia, de inacciones de las autoridades”,  señaló Barrera.

En mayo del 2020, International Crisis Group, organización independiente que trabaja para prevenir guerras, publicó su informe “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”, donde expone que “desde el 2014 hasta el 2018, hubo en Guerrero 544 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones que involucraron la participación de funcionarios estatales u oficiales de seguridad, más que en cualquier otro lugar del país”.

En el documento señala que las organizaciones criminales asesinaron a cinco activistas de derechos humanos y ambientales tan solo en el 2019. Los periodistas también están en la mira. Desde el 2000, 24 han sido asesinados en Guerrero, el quinto número más alto en todo el país. La más reciente víctima fue Víctor Fernando Álvarez, “un periodista de Acapulco quien fue descabezado en abril del 2020 después de que recibiera amenazas de un grupo criminal local.”

En este contexto, Paola Pacheco, de Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), denunció la falta de atención integral en los casos de desaparición de personas. Enfatizó “la necesidad de que existan y que se realicen procesos de identificación forense de los cuerpos, que se garanticen condiciones de seguridad para la búsqueda de familiares de desaparecidos en terreno, con la participación de autoridades federales, la guardia nacional en este caso y la comisión nacional de búsqueda.” También es necesario que “se garantice condiciones de seguridad de las familias que han denunciado casos de desaparición de sus familiares, que se organizan hoy en día desde el colectivo las luciérnagas.”

Mariana Mendoza, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos” (RED TDT), señaló la gravedad de la violencia de género y la violencia feminicida en la Montaña de Guerrero. “Se constató la grave situación de violencia en contra de mujeres y que en este contexto de pandemia se ha agravado”, además “factores como la lejanía de las instituciones, la falta de atención, la mala diligencia, la corrupción, entre otros obstáculos no abonan y permiten que estas violencias continúen en la impunidad”

En esta visita se ha logrado entrevistar y documentar casos de violencia sexual, feminicidios, violencia económica, violencia familiar, por mencionar algunos. Se observó en las instancias de procuración de justicia ineficacia, falta de voluntad, revictimización, falta de aplicación de protocolos en materia de perspectiva de género, ausencia de un enfoque intercultural para atender la creciente situación de violencia. Además de la falta de asesores jurídicos, médicos legistas, servicio forense, personal ministerial y traductores. “La comisión ejecutiva de atención de víctimas del estado no ha garantizado el derecho a las víctimas de ser atendidas y escuchadas, lo cual es preocupante”,  apuntó Mendonza.

Mario Hurtado, de Espacio OCS, menciona que algunas cosas que se lograron constatar de viva voz son las distintas limitaciones que afrontan personas defensoras y periodistas, para el ejercicio de su labor. “Dentro de las limitaciones reportadas se identificaron actos de represión, hostigamiento, vigilancias, amenazas, ataque a la integridad física, incluso campañas de desprestigio. Los principales agresores se identificaron como agentes del Estado”. En ese sentido Hurtado señaló que “es importante hacer una mención a esas autoridades, a que se abstengan y que generen discursos de reconocimiento a la labor y, sobre todo, que se impulsen las investigaciones penales y administrativas correspondientes.”

Vidulfo Rosales, coordinador del área jurídica del CDHM Tlachinollan, aseveró que los testimonios son reveladores de la violencia delincuencial que se vive en la región de la montaña, en el contexto de una macro criminalidad. “Hay colusión de las autoridades estatales con los grupos de delinquencia. En las investigaciones hay dilaciones, hay falta de debida diligencia. Las autoridades que investigan tienen pacto con los grupos delincuenciales que impiden que se diluciden los crímenes, que se diluciden las graves violaciones a los derechos humanos”.

Las organizaciones solicitan a autoridades federales, estatales y municipales:

  1. Se implementen medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas.
  2. Se brinden las medidas de protección adecuadas tanto para las víctimas de violaciones a derechos humanos como por las personas defensoras y periodistas, mismas que consideramos necesario que se realicen por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación ante la labor de defensa que realicen para luchar contra la impunidad en sus casos.
  3. Se atiendan las problemáticas estructurales de desaparición de personas y feminicidios, para lo cual es necesario que se realicen investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas para que las víctimas accedan a la verdad y la justicia.
  4. Que realicen acciones tendientes a revertir la violencia que prevalece en la Montaña de Guerrero.
  5. Se haga un reconocimiento público de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente de aquellas víctimas que han trascendido su dolor para luchar contra la impunidad.